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Feb 2

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN LAS LEYES 26476 Y 26860. SU ALCANCE A LOS AJUSTES DE INSPECCIÓN POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2006 Y 2007

NUEVOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO “ALCANCE GENERAL”. CASO ESPECIAL DE CONTRIBUYENTES CON SUPUESTAS CUENTAS EN SUIZA

GILBERTO SANTAMARÍA
SERGIO A. SIMESEN DE BIELKE
JALED O. HADID

En relación con el alcance de la suspensión de la prescripción de la ley 26860, los autores manifiestan su opinión, con base en nuevos elementos que surgen de los debates parlamentarios de la citada ley y que, a su entender, echan luz sobre un tema que ha sido objeto de discusión doctrinaria y del dictado de precedentes judiciales en distinto sentido.
Distintos autores se han referido al alcance de la suspensión de la prescripción(1) en la ley 26860 sosteniendo, algunos, que la misma alcanza a todos los contribuyentes en su conjunto, es decir, tanto a aquellos que exterioricen como a los que no(2); otros, sin embargo, mantienen una postura contraria. Manifestaremos nuestra opinión, en concordancia con estos últimos, con base en nuevos elementos que surgen de los debates parlamentarios de la citada ley 26860 y que, a nuestro entender, aun cuando no se ha profundizado sobre los mismos, echan luz sobre un tema que ha sido objeto de discusión doctrinaria y del dictado de precedentes judiciales en distinto sentido.

I – EL TEMA A TRATAR
La cuestión adquiere relevancia y actualidad atento a las previstas y vistas que la AFIP corre en los términos del artículo 17, concordantes y subsiguientes de la ley 11683 (t.o. 1998 y modif.), con relación a los ejercicios fiscales 2006 y 2007, proyectando ajustes fiscales por supuestas cuentas de contribuyentes en Suiza que no habrían sido fiscalmente declaradas (hecho de conocimiento público que nos releva de mayores comentarios).
Se observa, entonces, que el nudo gordiano a desatar es, precisamente, si se requiere algún tipo de interpretación sobre el contenido de la suspensión establecida por el artículo 17 de la ley 26860, que dispone:
Art. 17 – “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.

II – MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN
Hasta los debates parlamentarios de la ley 26860 parecería ser que la interpretación literal era suficiente para clarificar el verdadero contenido y alcance de una norma legal como la que acá nos ocupa.
Bien es sabido que la disquisición primaria de una norma es competencia exclusiva del Congreso de la Nación, más aún en la determinación del impuesto y sus elementos esenciales como en el contenido y alcance de la suspensión que impone la ley 26860; y ello más aún cuando el alcance de la suspensión de la prescripción prevista en el citado artículo 17 ha sido específicamente tratado en los debates parlamentarios, tal como se expondrá infra.
Como es sabido, la CSJN ha establecido que “…el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley … la primera fuente de la ley es su letra y cuando esta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma, y ello es así pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por esta, pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de su texto (Fallos: 313:1007; 326:4909)” (el destacado nos pertenece).
Ahora bien, más recientemente, el Máximo Tribunal ha fijado un criterio de interpretación normativa que conjuga las reglas del derecho interno con las reglas contenidas en los tratados internacionales que han adquirido rango constitucional. Es decir, la nueva regla de interpretación de las normas resulta una instancia superadora de la regla fijada desde antaño. Así, ha dicho:
“…6) Que para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484)”.
Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18, CN) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que “impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal”.(3)
Se observa del último párrafo del fallo citado que nuestro Máximo Tribunal privilegia la interpretación que más derechos acuerde al ser humano frente al poder del Estado; es así que, como constataremos infra, la interpretación literal ya no es suficiente para la concreción de tal objetivo, debiéndose recurrir al método histórico, en tanto este privilegia ya no solo al instituto jurídico de la prescripción -como disposición de orden público- sino que nos permite delimitarlo en cuanto a su alcance.
Específicamente, en la materia tributaria, según reza el artículo 2 de la ley 11683 (t.o. en 1998 y modif.), la interpretación de las normas debe atender al fin de las mismas y a su significación económica, lo que importa que “las normas impositivas, incluso las que estatuyen beneficios de carácter fiscal, no deben entenderse con el alcance más restringido que su texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación; principio que, en el marco de la ley 11683 (Adla, 1920-1940, 309), se concreta en el artículo 11, según el cual en la interpretación de la leyes tributarias se atenderá a su fin y a su significación económica…”.(4)(5)
La voluntad legislativa se conforma, entonces, desde la interpretación literal en forma armónica, con la lógica que subyace en la misma (interpretación lógica), los debates parlamentarios (método histórico) y la intención legislativa (método evolutivo)(6), prescindiendo de la analogía, en tanto esta se utiliza ante vacíos legislativos, no siendo el caso sub examine, y del principio de realidad económica en cuanto constituye un método de apreciación o calificación de hechos, no de normas.(7)
Así entonces, el método histórico acude a esclarecer la supuesta oscuridad normativa; los debates parlamentarios adquieren mayor relevancia cuando tratan expresamente lo que puede ser objeto de duda en lo que hace a la literalidad de la ley, en nuestro caso, el contenido y alcance del término “alcance general” (valga la redundancia) de las normas en estudio.
Al respecto, in re “Hermitage(8)”, nuestro Máximo Tribunal expresó:
“10) Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párr. 470, segunda ed . 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470).
Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado…”.
A modo de guisa, se cita el precedente de la CSJN, in re “Galeno Argentina SA c/Estado Nacional – AFIP-DGI – R. 21/2007 s/DGI”, del 28/8/2012, invocado por Gastón Sokol(9) en el que se discutía la recta inteligencia que cabe atribuir -en circunstancias como las de este caso- al último párrafo del artículo 77 de la ley de impuesto a las ganancias (LIG), señalando la Corte que durante los debates parlamentarios que tuvieron lugar en el marco de la sanción de la ley 25063 -por la cual se incorporó la norma interpretada al texto del art. 77, LIG- el senador Verna (miembro informante del respectivo proyecto) había manifestado que el objeto de la reforma -en este aspecto- era el de impedir las operaciones de compra de empresas, con el propósito de reorganizarlas y aprovechar los quebrantos acumulados.
A mayor abundamiento, es también conveniente recordar aquí la inveterada doctrina de la CSJN que sostiene que “es propio de la tarea judicial indagar sobre el espíritu de la leyes más que guiarse por el rigor de las palabras en que ellas están concebidas” (Fallos: 308:1664), motivo por el cual debe averiguarse el verdadero sentido y alcance de la ley “mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquella” (Fallos: 308:1861).
Al respecto, en el mencionado precedente, la CSJN otorga especial relevancia a los dichos del senador Verna, en estos términos:
“Desde esta perspectiva, revisten particular importancia las palabras del senador Verna, quien se desempeñó como miembro informante del proyecto que posteriormente se transformó en la ley 25063, puesto que tales explicaciones o informes constituyen una fuente propia de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51; 114:298; 141:254).
Sostuvo el citado legislador: ‘Como último tema, dentro del impuesto a las ganancias, por medio del inciso r) se agregan cuatro párrafos al artículo 77 de la ley vigente, que trata de la reorganización de sociedades, fondos de comercio y empresas en general. El objeto de estos agregados es impedir las operaciones de compra de empresas, con el propósito de reorganizarlas y aprovechar los quebrantos acumulados o los beneficios de los regímenes de promoción que tuvieran otorgados’ (“Antecedentes parlamentarios” – LL – N° 2 – marzo/1999 – año VI – pág. 1060, acápite 122, el destacado nos pertenece).
A la luz de estas explicaciones, es evidente para mí que la reforma de la ley 25063 al artículo 77 de la ley del impuesto a las ganancias ha perseguido bloquear las adquisiciones de compañías y su posterior reorganización, con el exclusivo fin de usufructuar los quebrantos acumulados en cabeza de cualquiera de las participantes del negocio”.
Siguiendo tal línea argumental, constataremos en el punto II – b) del presente que el método histórico despeja cualquier duda sobre la interpretación que cabe otorgar a la expresión “alcance general”, en tanto la interpretación literal ya no resulta suficiente para delimitar el verdadero contenido y alcance de la ley y, en el caso, tampoco resulta adecuado si se atiende -con mayor atención- al debate parlamentario que se da por primera vez, asumiendo, desde ya, que los legisladores tienen conocimiento de los pronunciamientos de la CSJN dictados en tal sentido hasta la fecha; ello así, con base en el principio de que “la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador … y por esto se reconoce, como principio, que las leyes debe interpretarse siempre evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto” (Fallos 301:46; 304:794, etc.).
Consideramos, entonces, que la interpretación que propugnamos a la expresión “alcance general” concilia el texto de la ley con la voluntad del legislador plasmada con claridad meridiana en los debates parlamentarios.
II – a) Algunas notas sobre la suspensión de la prescripción desde la perspectiva tributaria, civilista y del derecho constitucional
Previo a ingresar al tema específico que nos ocupa, dejamos expresado, aun cuando exceda su tratamiento el objetivo del presente trabajo, nuestro convencimiento acerca de que la suspensión (como la interrupción) de una prescripción en curso, por circunstancias sobrevinientes alejadas del contexto legal en el que empezó el cómputo de los plazos, resultan inconstitucionales por provocar, fundamentalmente, inseguridad jurídica(10), en tanto el ciudadano ve vulnerados sus derechos constitucionales, fundamentalmente por la afectación del orden público(11) en el que se encuentra envuelto el instituto jurídico de la prescripción (abarcando plazos, formas de cómputo, causales de suspensión e interrupción, etc.). Hacemos hincapié en la destrucción de la seguridad y de la consolidación de las relaciones que implican las suspensiones o interrupciones de la prescripción, establecidas con posterioridad a las relaciones jurídicas en curso. En materia tributaria, la suspensión establecida en leyes temporales y especiales, con supuesto fundamento de que el accionar de fiscalización “se detiene” hasta el vencimiento del régimen regularizador respectivo (como también para la ejecución de las deudas fiscales), no nos convence en absoluto, entendiéndolo contrario al instituto y criticable desde el punto de vista constitucional.
La suspensión de la prescripción consiste, según Llambías(12) -citado por Gil Di Paola(13)-, en la detención del tiempo útil para prescribir, por causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción. Mientras actúa la causa de suspensión, el período temporal que transcurre no es útil para prescribir, pero cesado su obrar, el curso de la prescripción se reanuda y se suma al período transcurrido con anterioridad a la suspensión.
Gil Di Paola continúa expresando que “las causales de suspensión por leyes de moratoria se fundan en el derecho tributario, importando el acogimiento a estos regímenes de pago un reconocimiento de deuda, funcionando como causales de interrupción de la prescripción, en tanto que dicho reconocimiento de deuda solo afecta a quienes se acogen a sus beneficios, exclusivamente. En el caso concreto el objeto bajo análisis es si esa suspensión de la prescripción se extiende o no a todos los contribuyentes y responsables, hayan o no reconocido mediante el régimen de moratoria de que se trate”.
Y agrega: “Ahora bien, desde una perspectiva civilista, como causal de suspensión, este razonamiento es improcedente, porque no surge justificado a la luz del fundamento de la institución y de las propias disposiciones del Código Civil. Además, los fines no parecen merecedores de la tutela jurídica, dada su cuestionable ética. Por ello, resulta una causal poco calificada y reprochable desde el punto de vista constitucional”.
II – b) Debates parlamentarios ley 26860
En lo que hace a la interpretación, debemos recurrir como fuente complementaria a los debates parlamentarios en los que se analizó si la suspensión de la prescripción abarca al universo de los contribuyentes o solamente a aquellos que materializan la exteriorización, en los términos del artículo 9 de la ley 26860, lo que ha sido específicamente tratado y, por ende, aclarado, no dejando margen para dudas.
Así, de la versión taquigráfica de la quinta -cuarta sesión ordinaria (especial) de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación- del 29/5/2013 correspondiente al período 131, se puede observar cómo el thema decidendum aquí tratado ha quedado zanjado, liberándonos de cualquier otro comentario en abono a la postura aquí sostenida.
Debate parlamentario, el caso concreto:
“Señor Pinedo – Señor presidente: tal vez mi preocupación se salde con una aclaración que quede registrada en el Diario de Sesiones. El artículo 17 prevé que se extiende por un año el plazo de prescripción, y al principio dice ‘con carácter general’. Esto parecería indicar que la totalidad de las situaciones de todos los habitantes de la Argentina con el Fisco van a verse perjudicadas por el aumento de un año en el plazo de prescripción.
En la economía empresaria normal se suele hacer algo, que son las previsiones, es decir, se reservan recursos para hacer frente a pasivos potenciales, que pueden existir o no, y esto se calcula sobre la base de las leyes. Estas últimas tienen plazos de prescripción y esto es relevante para el cálculo de los riesgos.
Entonces, no entiendo muy bien qué sentido tendría que aumentemos los plazos de prescripción para cualquier situación fiscal. Me parecería mucho más razonable que quede claro que esta extensión del plazo de prescripción se refiere a los que se acojan al régimen de blanqueo. Si no queda claro y se interpreta que se extiende la prescripción para cualquier persona, y no para los que se acojan al régimen de blanqueo, le voy a pedir al oficialismo que evalúe la posibilidad de dictar una ley correctora de esta anomalía, porque la verdad es que no veo cuál es la utilidad social de tomar esa medida.
Por eso le pediría al diputado Feletti que nos aclare el punto.
Señor presidente (Domínguez) – Tiene la palabra el señor miembro informante.
Señor Feletti – Señor presidente: a pesar de que ya se ha votado, voy a aclarar que…
Respecto del artículo 17, es válida la inquietud del diputado Pinedo: corresponde a quienes se acojan a este régimen, para que no especulen…”.
De la simple lectura del debate transcripto se observa con claridad meridiana que la postura que sostenemos es concordante con la posición del diputado Pinedo, ratificada por el señor miembro informante por parte del oficialismo, el diputado Feletti.

III – SOBRE EL SENTIDO Y CONTENIDO DEL TÉRMINO “ALCANCE GENERAL”
Lo expuesto nos lleva, asimismo, a replantear distintos precedentes judiciales que interpretaron el “alcance general”, que se puede leer en algunas de las normas que disponen la suspensión de la prescripción, como las tratadas en el presente; ello en el entendimiento de que las mismas, luego de la lectura de la solicitud de aclaración practicada por el diputado Pinedo y la respuesta del diputado Feletti, sosteniendo que la suspensión de la prescripción solo alcanza “a quienes se acojan a este régimen para que no especulen” (sic.), ya no puede ser interpretada como que alcanza a todos los contribuyentes en su conjunto, sino que se circunscribe solo a aquellos que se acojan a los beneficios de tal o cual ley especial que disponga moratorias o regule regímenes de exteriorización de capitales. Obsérvese que el diputado Pinedo solicita que se aclare dicho alcance en estos términos (y la contestación del diputado Feletti), cuya transcripción reiteramos por entenderla fundamental para la correcta interpretación:
“Sr. Pinedo – …me parecería mucho más razonable que quede claro que esta extensión del plazo de prescripción se refiere a los que se acojan al régimen de blanqueo. Si no queda claro y se interpreta que se extiende la prescripción para cualquier persona, y no para los que se acojan al régimen de blanqueo, le voy a pedir al oficialismo que evalúe la posibilidad de dictar una ley correctora de esta anomalía, porque la verdad es que no veo cuál es la utilidad social de tomar esa medida…
Sr. Feletti – Señor Presidente: a pesar de que ya se ha votado, voy a aclarar que…
Respecto del artículo 17, es válida la inquietud del diputado Pinedo: corresponde a quienes se acojan a este régimen, para que no especulen…”.
Desde ya, hemos sido reiterativos al transcribir las expresiones de los diputados, pero su lectura es crucial para entender que, a partir de lo expresado por los miembros de la Cámara de Diputados, debemos someter a discusión judicial, nuevamente, si el sentido del término “alcance general” es el que debe ser dado según alguna antigua jurisprudencia (vgr., “Distribuidora del Plata”) o debe ser entendido como que dicho término hace solo referencia a que la suspensión de la prescripción alcanza a todos los tributos de los que es pasivo el sujeto que regulariza o exterioriza, exclusivamente.
En virtud de lo expuesto, entendemos que la AFIP ha excedido sus facultades reglamentarias en su resolución general 3509, al aclarar una situación que no requería aclaración alguna, en tanto mal entiende que la suspensión alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables, hayan o no adherido al régimen de exteriorización de moneda extranjera, aclaración que se contrapone al espíritu de la ley 26860 expresado, como se dijo, en los debates parlamentarios citados y que conforman un todo con el texto del artículo 17 del citado cuerpo legal; de allí que, para nosotros, lo dispuesto en dicha resolución carece de valor jurídico.
Salvo fallos plenarios de la CSJN que marcan el norte a seguir en determinados asuntos, se pueden discutir y replantear nuevamente temas sobre los cuales haya resuelto en un sentido dado.

III – a) Análisis jurisprudencial(14)
En tal sentido, la CSJN in re “Dirección Gral. Impositiva c/Dellizzotti, José María” del 6/6/1985 (Fallos: 307:871), en oportunidad de expedirse sobre el tema en una causa donde la Cámara Federal había confirmado lo resuelto por el a quo, haciendo lugar a la excepción de prescripción de la acción fiscal articulada por la accionada respecto del impuesto a las ganancias por un período determinado, se expresó en estos términos:
“La suspensión del curso de la prescripción, contenida en la segunda parte del artículo 10 de la ley 22681 (Adla, XLII-D, 3623), solo abarca a quienes aceptaron extinguir sus obligaciones tributarias por medio del plan de pago con facilidades que la propia ley consagra…” (el destacado nos pertenece).
Con posterioridad, el Máximo Tribunal tuvo oportunidad de expedirse en el precedente “Estado nacional -DGI- c/Distribuidora El Plata SRL” del 26/11/1991 (Fallos: 314:1656), en un sentido que no se enfrenta con las conclusión arribada anteriormente, entendió:
“…4) Que aun cuando en el precedente de Fallos: 310:865, esta Corte estableció que la suspensión del curso de la prescripción prevista por el artículo 11 de la ley 23039, estaba limitada a aquellos contribuyentes que ejercieron el derecho de acogerse al régimen especial de regularización y facilidades de pago para el ingreso de las obligaciones comprendidas en dicha ley, lo cierto es que para así resolver se tuvo en cuenta que dicho precepto ‘no especifica que la suspensión del término de prescripción que instituye revista carácter general, sino, en cambio, lo vincula con las deudas que se mencionan en los artículos 1 y 2, en cuya virtud no cabe atribuirle por vía de interpretación un alcance que difiera de la literalidad de su texto, pues ello implicaría que, sin sustento normativo, se extienda parcialmente el régimen de regularización a aquellos responsables que, estando facultados por la ley para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias no ejercieron el derecho de acogerse a sus disposiciones’ (Consid. 4) … 5) Que haciendo extensivo al sub lite el criterio hermenéutico desarrollado en el aludido precedente, cabe concluir que la suspensión, por un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos … previsto en el artículo 49 de la ley 23495, alcanza a la generalidad de los contribuyentes responsables; toda vez que en la norma aquí aplicable se estipula -a diferencia del analizado en aquel precedente- que la mentada suspensión se dispone ‘con carácter general’. En consecuencia, el modo en que ha quedado redactado el texto legal sub examine, no arroja dudas acerca de la expresa intención del legislador; el que, a diferencia de lo acaecido en el régimen de la ley 23029, no estableció vinculación exclusiva entre la suspensión aludida y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria…”.

IV – CONCLUSIONES
De lo expuesto, parece surgir que la suspensión de la prescripción solo operaría contra el universo de los contribuyentes, en la medida en que la norma que dispone la suspensión lo sea “con carácter general”, hecho que se observa tanto en el texto del artículo 44 de la ley 26476 como en el del artículo 17 de la ley 26860, con la salvedad trascendente de que el tema fue tratado específicamente en esta última ley -con vigencia hasta el 31/03/2015, luego de sucesivas prórrogas(15)- por los diputados Pinedo y Feletti en los debates parlamentarios antes transcriptos; se ha precisado, ahora y en el seno mismo del órgano de elaboración de las leyes, el alcance de esta suspensión.
Es justamente este hecho, el debate parlamentario, el que echa luz sobre la interpretación que debe ser dada al alcance de la suspensión de la prescripción en los artículos 44 de la ley 26476 y 17 de la ley 26860, en tanto el criterio sostenido por la Corte en “Distribuidora del Plata” será seguramente objeto de revisión en futuros pronunciamientos; y ello así por cuanto el legislador, como fuente primigenia de interpretación de la ley de que se trate, es quien debe dar el primer criterio de interpretación y, solo ante oscuridad de la norma, es el Poder Judicial quien dará certeza al contenido y alcance de la misma. Por lo tanto, habiéndose expedido el Poder Legislativo por primera vez(16) en un debate parlamentario sobre una norma (art. 17, L. 26860) que trata sobre la suspensión de la prescripción ante un régimen de exteriorización de capitales, en el sentido dado por el miembro informante de la mayoría (diputado Feletti) -como consecuencia del pedido de aclaración practicado por el diputado que expresara su duda-, importa toda una revisión de los criterios sostenidos.
Como conclusión de lo expuesto se afirma que, a los fines del cómputo de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la AFIP y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales, la suspensión dispuesta por los artículos 44 de la ley 24476 y 17 de la ley 26860 solo alcanza a los contribuyentes que hayan exteriorizado en los términos de ley.

Notas:
(1) Art. 65, L. 11683 – El fin de la suspensión es “la detención del tiempo útil para prescribir, por causas que sobrevienen después de haberse iniciado el curso prescriptivo y que impiden su continuación; pero en cuanto dichas causas cesan de obrar, el curso de la prescripción se reanuda, sumándose al período transcurrido con anterioridad a la suspensión (conf. art. 3983, CCiv.)” (García Vizcaíno, Catalina: “Derecho tributario” – Ed. LexisNexis – Bs. As. – 2007 – T. I – pág. 591)
(2) Entre otros, Graña, Fabián P.; Kaplan, Hugo E. y Volman, Mario: “Régimen de regularización impositiva y exteriorización de capitales” – ERREPAR – DTE – Sup. Esp. – 1ª entrega – enero/2009 – T. XXX. Los citados autores reiteran su posición para la suspensión de la L. 26860 en: “La ley 26860 y la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior al 30/4/2013” – ERREPAR – DTE – Sup. Esp. – agosto/2013 – T. XXXIV, haciendo referencia a las expresiones del diputado Feletti
(3) “Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer párr., L. 23737” – CSJN – 23/4/2008
(4) “Gasparri y Cía. SA s/recurso de apelación – IVA” – CSJN – 16/6/1993
(5) “Fundación Enrique Navarro Viola c/DGI s/repetición DGI” – CSJN – 20/8/1996: “…la exégesis de las leyes fiscales debe efectuarse mediante una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios del régimen impositivo y de las razones que lo informan, con miras a determinar la voluntad legislativa”
(6) Tiene en cuenta las condiciones políticas, económicas, éticas y sociales que dan lugar a la aplicación de la norma
(7) Sokol, Gastón: “La interpretación de las normas tributarias: los métodos en acción” – Impulso Profesional – N° 17 – 2014 – pág. 3
(8) “Hermitage SA c/PEN – MEOSP – Título 5 – L. 25063” – CSJN – 15/6/2010
(9) Sokol, Gastón: “La interpretación de las normas tributarias: los métodos en acción” – Impulso profesional – N° 17 – 2014 – pág. 5
(10) “El instituto de la prescripción tiene su fundamento en valores superiores a las meras expectativas patrimoniales de los acreedores, como lo es la seguridad jurídica, sin cuya vigencia no puede existir la paz social, presupuesto de justicia, cualquiera sea el alcance que se otorgue al contenido de esta aspiración colectiva” (“Perdigón, Juan c/Telefónica de Argentina SA s/cobro de salarios” (CNTrab. – Sala VIII – 30/8/2002). “…la tendencia más moderna en materia de prescripción es limitar los plazos, pues se trata de un instituto generador de estabilidad en las relaciones jurídicas” (“Coronel, Julio y otros c/Telefónica de Argentina SA s/cobro de salarios” – CNTrab. – Sala I – 29/7/2005)
(11) “Del concepto de normas de orden público, se infiere que este varía en razón del tiempo y el espacio, pues las ideas dominantes en una sociedad se transforman incesantemente. No obstante, la doctrina ha establecido que este concepto no coincide con el de derecho público; en efecto, son de orden público no solo -en principio- todas las normas de derecho público, sino también muchas consideradas tradicionalmente como de derecho privado (vgr. las relativas a la familia, matrimonio, gran parte del régimen sucesorio y de los derechos reales). Resulta, entonces, que las leyes de orden público no son la excepción, sino precisamente la regla general” (Enciclopedia Jurídica de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino)
(12) Llambías, Jorge: “Tratado de derecho civil. Parte general” – 10a ed. – Ed. Perrot – Bs. As. – 1984 – T. II – pág. 680 – § 2099, cit. por Gil Di Paola, Jerónimo A.: “Comienzo, interrupción y suspensión de la prescripción de tributos locales” – LL – PET – setiembre/2014 – 547 – 7
(13) Gil Di Paola, Jerónimo A.: “Comienzo, interrupción y suspensión de la prescripción de tributos locales” – LL – PET – setiembre/2014 – 547 – 7
(14) Regímenes de regularización tributaria. Ley 23029, artículo 11. Alcances: solo a quienes se hayan acogido: “el art. 11 de la L. 23029 no especifica que la suspensión del término de prescripción que instituye la norma revista carácter general, sino, en cambio, lo vincula con las deudas que se mencionan en los arts. 1 y 2, en virtud de lo cual no cabe atribuirle por vía de interpretación un alcance que difiera de la literalidad del texto, pues ello implicaría que, sin sustento normativo, se extendiera parcialmente el régimen de regularización a aquellos responsables que, estando facultados por la ley para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no ejercieron el derecho de acogerse a sus disposiciones” (“Establecimiento San Martín SAIC” – CSJN – 28/4/1987 – ERREPAR – PF – T. II; “Artcasas SRL s/recurso de apelación – IVA ” – CSJN – 3/9/1991. Con similar conclusión, pero referida al art. 10, L. 22681, “Dirección General Impositiva c/Delizzotti, José M.” – CSJN – 6/6/1985 y “Crucema SRL s/recurso de apelación” – TFN – 20/8/1986 – ERREPAR – PF – T. II)
Regímenes de regularización tributaria. Ley 23495, artículo 49. Alcances: todos los contribuyentes o responsables, se hayan o no acogido. Diferencia con los otros supuestos contemplados en leyes anteriores (L. 22309 y 22681) “…la suspensión, por un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de tributos … alcanza a la generalidad de los contribuyentes o responsables, toda vez que en la norma aplicable se estipula -a diferencia de lo previsto por el art. 11 de la L. 23029- que la mentada suspensión se dispone con carácter general” [“Fisco Nacional (DGI) c/Distribuidora El Plata SRL s/ejecución fiscal” - CSJN - 26/11/1991]
(15) Por art. 1, D. 2529/2014 (BO: 23/12/2014), se prorrogan por tres (3) meses calendario, a partir del 1/1/2015, los plazos previstos en la ley. Prórrogas anteriores: D. 1705/2014 (BO: 1/10/2014); D. 1025/2014 (BO: 27/6/2014); D. 440/2014 (BO: 1/4/2014); D. 2170/2013 (BO: 31/12/2013) y D. 1503/2013 (BO: 1/10/2013). Creemos que el régimen especial habrá de prorrogarse nuevamente ante la posibilidad de acogimientos derivados de las informaciones que pueden suministrar entidades financieras del exterior por períodos no prescriptos
(16) Al menos, en lo que hemos podido relevar de los debates parlamentarios de distintos cuerpos normativos
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