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Mar 27

Jurisprudencia Tributaria relevante

Jurisprudencia Tributaria relevante:

  • Impuesto de Sellos – Impuesto a los Ingresos Brutos: Alícuota Diferencial
  • Tasa de Publicidad y Propaganda: Tasa o Impuesto?
  • Impuesto al Valor Agregado: Quitas Concursales, están gravadas?
  • Responsabilidad Solidaria: Directivos – Profesional de Ciencias Económicas

I.- Impuesto de Sellos:

Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/Provincia de Buenos Aires s/acción declarativa”. (CSJ 1024/2008 (44-B)), fallo del 16 de diciembre de 2014. Impuesto de Sellos, aplicación de alícuota diferencial a contratos que se registren en Bolsas y Mercados en diferentes delegaciones.

Inicia con inspección de la Dirección General de Renta de la Provincia de Buenos Aires en el 2006 y cuestiona la aplicación de la alícuota del 0.5 % para contratos en Bolsas y Mercados y no la del 0.75 %, éstas dos alícuotas diferentes fueron establecidas por el art. 27 inc a, apartado 11, párrafo a, de la ley 13.404. Dichas alícuotas se basaban en el domicilio de la delegación de la Bolsa o Mercado dónde se registra el contrato.

Atento no se registró el contrato en la delegación de la provincia sino en la delegación de CABA, DGR pretende que se aplique la alícuota mayor.

La Corte resuelve en el sentido que si bien la Provincia puede exigir un impuesto, no puede violar el art 16 de la Constitución Nacional afectando el principio de igualdad.

Existe  una diferencia de tratamiento fiscal según el domicilio fiscal, lo que es inadmisible.

Breviario:

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su condición de entidad registradora de las operaciones de compra venta de cereales y oleaginosas, recauda el impuesto de sellos provincial en su sede social ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 1978.

En tales condiciones el Superior Tribunal no se advierte que se encuentre en una situación diferente que las restantes entidades incluidas en la categoría que cumplen la misma función de registración y recaudación, desde que la discriminación establecida en el régimen cuestionado en función del domicilio de las sedes sociales de aquéllas, no constituye una pauta razonable que autorice a ubicarlas en grupos distintos que, a los efectos impositivo que permita la fijación de alícuotas diferenciales.

El distinto domicilio de una persona no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago o a la recaudación de un tributo, ya que no reviste la característica determinante para establecer que por ese solo extremo integra un grupo diverso que debe ser sometido a regulaciones diferentes. Cabe al respecto precisar que la norma no puede constreñir en definitiva al afectado, a fin de beneficiarse con una menor alícuota impositiva, a radicarse en el territorio provincial para ejercer la función para la que se encuentra expresa y legalmente habilitada. La conclusión contraria llevaría a lesionar seriamente su libertad de elección para establecer la sede de sus negocios, y la igualdad frente a las cargas públicas con relación a aquellas entidades que, igualmente libres, habilitadas y con idéntica actividad, decidieron instalarse en la Provincia de Buenos Aires.

Conforme los fundamentos expuestos la Corte Suprema entiende que no es válida la alegación de que el Estado provincial pueda recurrir al aumento o disminución de las alícuotas de sus gravámenes como herramienta de su resorte para promover el bienestar y desarrollo de la actividad productiva, ni que el fundamento del legislador local haya sido propiciar que el registro de los instrumentos se realice dentro del ámbito de la provincia, para que los entes locales perciban los ingresos provenientes de las comisiones que cobran por la tarea de registración, pues el distinto tratamiento que reciben las instituciones agrupadas en la misma categoría, consagra una manifiesta iniquidad y afecta a la garantía constitucional del artículo 16 de la Ley Fundamental, desde que, aun cuando se alcanzasen aquellos propósitos mediante la regulación tributaria en examen, lo cierto es que su aplicación al caso concreto genera una discriminación arbitraria en virtud de la ubicación de la sede social de la demandante y, por tanto, no supera el control de razonabilidad efectuado.

Con base en tales argumentos y a lo dictaminado por la Procuradora Fiscal, la CSJN resuelve hacer lugar a la demanda entablada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de la resolución 50/08 del Jefe de Fiscalización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la entonces Dirección Provincial de Rentas, como así también del régimen establecido en relación al impuesto de sellos mediante el cual se fijaron alícuotas diferenciales

II.- Ingresos Brutos:

“Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, sentencia de CSJN del 24 de febrero 2015. Impuesto sobre ingresos brutos. Alícuota diferencial. Artículo 12 de la Ley Tarifaria Nº 2.071. Artículo 5 de la Ley Nº 7.149. Ley Nº 3.994. Exención. Beneficio fiscal. Aduana interior. Medida Cautelar

Contribuyente con actividad en Provincia del Chaco y domicilio fiscal en Buenos Aires, la Corte Suprema avala cautelarmente que la demandante tribute a la alícuota del 1% de la Ley Provincial hasta tanto se defina el objeto del litigio. Convenio Multilateral prohíbe la distinciones o diferenciales de alícuota ante la misma actividad. Ya dijo en Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/Provincia de Buenos Aires s/acción declarativa” que no cabe tal distinción por afectar el Pacto Fiscal.

El contribuyente requiere del Poder Judicial el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de que se disponga la suspensión a su respecto de la aplicación de la alícuota diferencial mayor establecida en la norma impugnada y se ordene, por lo tanto, la tributación de la reducida fijada en el 1% sobre la integridad de la base imponible del gravamen; y asimismo que se ordene al gobierno provincial que se abstenga de iniciar o proseguir las acciones tendientes a determinar el gravamen con sustento en las disposiciones que aquí cuestiona, así corno también de iniciar acciones coactivas tendientes a su cobro o ejecución, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los presentes.

Breviario:

1º) Que a fs. 147/177 la firma Harriet y Donnelly S.A., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promueve acción declarativa de certeza en los términos del Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia del Chaco, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en que dice encontrarse, frente a la pretensión de la demandada de aplicar a la actividad de producción primaria que desarrolla en su territorio, una alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos, por no poseer sede central en la jurisdicción provincial, con sustento en lo establecido en el Artículo 12, inciso e de la Ley Tarifaria local Nº 2.071, modificada por el Artículo 5º de la Ley Nº 7.149 cuya declaración de inconstitucionalidad también solicita.

Explica que desarrolla, entre otras actividades, la de producción primaria, principalmente enfocada en la agricultura, y que es contribuyente del Convenio Multilateral a los fines del impuesto sobre los ingresos brutos, y cuenta con establecimientos o campos en diversas jurisdicciones, entre ellas en la provincia demandada, por lo que distribuye la materia imponible resultante del ejercicio de su actividad de conformidad con lo establecido en los Artículos 2º y 13 de dicho convenio. Destaca asimismo que está radicada en el Chaco desde hace más de treinta años.

Aclara que mediante la Ley Nº 3.994 la provincia incorporó la exención establecida a favor del ejercicio de actividades primarias e industriales en virtud de lo acordado entre la Nación y las provincias en el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, del 12 de agosto de 1993. Añade que dicha exención fue suspendida a partir del 10 de enero de 2013 por la Ley provincial Nº 7.148, y que mediante la Ley Nº 7149 se dispusieron modificaciones a diversos artículos de la ley tarifaria 2071, entre ellos, al aquí cuestionado artículo 12, apartado e, por el que se legisló un beneficio fiscal de alícuota reducida para aquellos contribuyentes cuya sede central se encuentre radicada en la provincia.

Afirma que dicha discriminación importa el establecimiento de una aduana interior que afecta la cláusula comercial y las libertades de circulación y de tránsito consagradas en la Constitución Nacional, al imponer un tratamiento impositivo distinto a las actividades interjurisdiccionales en función de la ubicación local o foránea de la sede central de la empresa. Aduce asimismo que la disposición impugnada vulnera el principio de igualdad en materia tributaria, en tanto existe una palmaria irrazonabilidad en la desigualdad de trato establecida con un afán proteccionista.

Funda su planteo en los Artículos 4º, 9º, 10, 11, 12, 16, 17, 28, 31 y 75, incisos 10, 10 y 13, y 126 de la Constitución Nacional, y en la doctrina que surge de diversos precedentes del Tribunal.

Requiere el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de que se disponga la suspensión a su respecto de la aplicación de la alícuota diferencial mayor establecida en la norma impugnada y se ordene, por lo tanto, la tributación de la reducida fijada en el 1% sobre la integridad de la base imponible del gravamen; y asimismo que se ordene al gobierno provincial que se abstenga de iniciar o proseguir las acciones tendientes a determinar el gravamen con sustento en las disposiciones que aquí cuestiona, así corno también de iniciar acciones coactivas tendientes a su cobro o ejecución, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los presentes.

3º) Que en cuanto a lo demás requerido cabe recordar que este Tribunal ha establecido que si bien por vía de principio, medidas corno las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan,’ tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 316:2855).

5º) Que en mérito a la solución que se adopta resulta necesario precisar que el sub lite presenta marcadas diferencias con otros reclamos en los que este Tribunal ha denegado el dictado de medidas precautorias frente a pretensiones fiscales de los estados provinciales, en atención al principio de particular estrictez que debe aplicarse en materia de reclamos y cobros de impuestos (conf. Fallos: 313:1420; 322:2275, entre otros).

En el caso se cuestiona la constitucionalidad del Artículo 12, inciso e de la Ley Tarifaria local Nº 2.071, modificada por el Artículo 5º de la Ley Nº 7.149 dictada por la Provincia del Chaco, sobre la base del cual se grava con alícuotas distintas del impuesto sobre los ingresos brutos a la producción primaria desarrollada en el ámbito local, en razón de lugar de radicación de la sede central de las empresas dedicadas a dicha actividad.

Así, las que posean su sede central dentro del territorio provincial tributan un porcentual menor del que deben afrontar las que no cumplen con tal requisito. De tal manera, adquiere preeminencia la necesidad de determinar si el Estado provincial se ha excedido -como se afirma- en sus potestades tributarias, precisar cuáles son los alcances de la jurisdicción y competencia que tiene para ejercer eventualmente el derecho de percibir la alícuota diferencial cuestionada, y si ese proceder quebranta la potestad del gobierno federal de reglar el comercio de las provincias entre sí (Art. 75, inciso 13, Constitución Nacional; arg. Fallos: 178:308; 320:1302, considerando 6º, entre otros).

Esa situación, diversa de la examinada en los precedentes a los que se ha hecho referencia, permite concluir que en el caso resulta aconsejable establecer cautelarmente que la firma demandante tribute eh concepto de impuesto sobre los-ingresos brutos la alícuota del uno por ciento (1%) prevista en el primer párrafo del Artículo 12, inciso e de la Ley Tarifaria provincial Nº 7.149, hasta tanto se defina la situación objeto de este litigio.

Cabe señalar que la decisión que se adopta solo producirá, en el caso en que se rechace la demanda, una postergación en la percepción de las diferencias que se generen, ya que mientras tanto la provincia ingresará a sus arcas las mismas sumas que se perciben por el gravamen que recae respecto de quienes cumplen con el requisito establecido como condición para tributar la alícuota reducida (arg. causa CSJ 1024/2008 (44-B) “Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”, sentencia del 5 de marzo de 2013)

Por ello, se resuelve: …III. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, por consiguiente, establecer que la firma Harriet y Donnelly S.A. tribute en lo sucesivo en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos la alícuota del uno por ciento (1%) prevista en el primer párrafo del Artículo 12, inciso e de la Ley Tarifaria provincial Nº 2.071, modificada por el Artículo 5º de la Ley Nº 7.149, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este proceso…Carlos S. Fayt. Elena I. Highton de Nolasco. Juan Carlos Maqueda..”

 

 

 

III.- Tasa de Publicidad y Propaganda:

 

L’Oreal Argentina S.A. c. Municipalidad de Justo Daract s/ acción contencioso administrativa”, CSJN del 16 de diciembre de 2014, tasa de publicidad y propaganda municipal dentro de los locales.

Hechos: L´Oréal Argentina es una sociedad anónima que se dedica principalmente a la producción y comercialización de productos de belleza y cosmética. La municipalidad de Justo Daract, ubicada en la provincia de San Luis, habría detectado publicidades de productos de L`Oréal Argentina en el interior de distintos comercios ubicados en el territorio en el que ejerce jurisdicción que se visualizan desde la vía pública.En virtud de ello, el intendente de la municipalidad dictó una determinación de oficio en tanto entendió que aquella actividad se encontraba alcanzada por el derecho a la publicidad y propaganda establecido en el Código Tributario municipal (fs. 21).

 

La municipalidad cobra una tasa de publicidad ya sea que la misma se encuentre en el exterior o en el interior de los locales, la empresa sostiene que se exige una tasa que no tiene derecho a aplicar porque la tasa así aplicada se transforma en un impuesto, lo que le está vedado constitucionalmente a los municipios.

No cumple la función de tasa, no hay servicio que retribuya la tasa, por lo tanto estamos frente a un impuesto.

Rige la aplicación de la ley 23.548 artículos 9º de Coparticipación, está prohibida las tasas por la publicidad interna.

 

ARTICULO 9º — La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga:

a) Que acepta el régimen de esta Ley sin limitaciones ni reservas.

b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley.

 

La Asesoría Jurídica de la Comisión Federal de Impuestos, sostuvo, en su oportunidad,  que la publicidad y propaganda por anuncios o anaqueles colocados en el interior de los locales comerciales es un impuesto y, como tal, análogo al impuesto a las ganancias, motivo por el que se encontraría en pugna con el régimen de coparticipación federal de impuestos

 

El Procurador opinó que corresponde confirmar la sentencia apelada (16 de julio de 2014.  Irma A. García Netto), con base en los siguientes argumentos:

 

“…En suma, el elemento definitorio de una tasa es la existencia de un servicio en contraprestación a su pago. En el presente caso, el municipio exige el pago de una contribución por los derechos de publicidad y propaganda en contraprestación del servicio específico de inspección llevado a cabo por el organismo estatal. Ese servicio consiste en verificar que las publicidades colocadas en los comercios y que se visualizan desde la vía pública no afecten derechos colectivos e individuales. Más específicamente, procura, por un lado, evitar los atentados contra derechos individuales que puedan producirse como consecuencia de su exhibición y, por el otro, la protección del paisaje urbano, que se encuentra alcanzada por el derecho colectivo a un ambiente sano establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 47 de la Constitución de la Provincia de San Luis. Ésta es una facultad que conforma el poder de policía local y que se encuentra establecida en el artículo 258, incisos 1, 3 y 17, de la constitución provincial, que establece que son atribuciones y deberes de los concejos deliberantes, dictar ordenanzas y reglamentos sobre: 1) Salubridad y moralidad públicas [...]; 3) Urbanismo, seguridad, recreos y espectáculos públicos; 17) Conservación del patrimonio arquitectónico local, medio ambiente y recursos naturales. Por lo tanto, el tributo municipal en cuestión cumple con el requisito fundamental de las tasas según el cual al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente…”

 

De la sentencia de CSJN que rechaza la pretensión municipal:

 

5) el tribunal a quo omitió considerar los argumentos de su parte relativos a que el “derecho de publicidad y propaganda y uso y ocupación de espacio público?, previsto en el arto 153 del Código Tributario Municipal, se encuentra en pugna con la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, en tanto ésta impide que las provincias y los municipios apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales coparticipados (art. 9 inc. b, primer párrafo), y que ello ha sido así declarado por la Comisión Federal de Impuestos

7°) Que, a la luz de esa doctrina, esta Corte encuentra fundado el agravio que se formula, toda vez que el a quo omitió la consideración del planteo de la recurrente precedentemente reseñado que era susceptible de incidir en la solución final a adoptarse, y que fue expuesto claramente por la actora al promover la demanda. En efecto, en esa oportunidad la accionante adujo, entre otros argumentos, que si se consideraba que el importe que pretendía cobrar el municipio era “un impuesto y su validez se sustenta, erróneamente, en que el hecho de consignar nombres comerciales o marcas de productos comercializados en el local…es una manifestación de capacidad contributiva, ello estará en contradicción con el art. 9 de la Ley de Coparticipación Federal, ya que como ‘impuestos’ tienen que estar gravando ‘capacidad contributiva’ que se encuentra alcanzada como materia imponible de impuestos nacionales coparticipados” (fs. 97 vta.). Posteriormente, amplió la demanda (fs. 205), acompañando como prueba documental copia de un dictamen de la Asesoría Jurídica de la Comisión Federal de Impuestos, en el que se sostiene que la publicidad y propaganda por anuncios o anaqueles colocados en el interior de los locales comerciales es un impuesto y, como tal, análogo al impuesto a las ganancias, motivo por el que se encontraría en pugna con el régimen de coparticipación federal de impuestos (conf. fs. 204)

8°) Que, en consecuencia, para desestimar válidamente las impugnaciones de la actora a la pretensión del municipio y resolver adecuadamente el pleito, el a quo no pudo omitir el examen y decisión del planteo referente a que el gravamen cuestionado se encontraba en pugna con la ley de coparticipación federal, máxime teniendo en consideración que el a quo asignó al derecho de publicidad y propaganda en el interior de los locales el carácter de “impuesto”, con lo cual resultaba claramente ineludible la necesidad de un pronunciamiento sobre dicha cuestión. Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido en la presente. ? Ricardo L. Lorenzetti.  Elena I. Highton de Nolasco. Carlos S. Fayt.  Juan C. Maqueda. 

 

 

 

IV.- Impuesto al Valor Agregado – Quitas concursales:

Impuesto al Valor Agregado:  causa “Celulosa Campana”, 3 de marzo 2015 (CSJN) “las reducciones obtenidas por los contribuyentes a raíz del acuerdo homologado en un concurso preventivo no generan débito fiscal en el IVA”.

La Corte Suprema de Justicia determinó que el perdón parcial de la deuda o “quita concursal” que los acreedores otorgan a las empresas que se acogen a un concurso preventivo no están alcanzadas por el IVA, ya que no son semejantes a las quitas comerciales o descuentos que se practican en las facturas.

Al pronunciarse en ese sentido, el fallo del máximo tribunal confirmó el dictamen de la Procuración General de la Nación y en cambio, revocó el pronunciamiento de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que le había dado la razón a la AFIP al disponer que no existían diferencias entre el concepto de “quitas comerciales”, sujetas al IVA, y el de “quitas concursales”.

Las “quitas concursales” no aumentan el débito fiscal del contribuyente que las ha obtenido, pues ellas no han sido logradas “respecto del precio neto” de la compra, de la locación o de la prestación, sino que obedecen a otra razón, ulterior y ajena a ese “precio neto”, como es el “crédito verificado” a aquellos proveedores que debieron presentarse en el proceso judicial para requerir el pago de los importes adeudados (arts. 32 y concordantes de la ley 24.522).

Autos y vistos…Considerando:

6°) Que, tal como acertadamente lo señala la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, el término “quitas” seguido de las indicaciones “que, respecto del precio neto, se logren (oo.)” no puede ser entendido como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que únicamente incrementan el débito fiscal aquellos descuentos o reducciones del precio logrados -entre otros requisitos- “respecto del precio neto” de la venta, locación o prestación gravada. Y ese “precio neto”, no es otro que el definido por el arto 10 de la ley como aquel que resulta de la factura o documento equivalente extendido por los obligados al ingreso del impuesto.

7°) Que, con tal comprensión, cabe concluir que las “quitas concursales” son un concepto distinto de aquél. En efecto, las aludidas “quitas concursales” no aumentan el débito fiscal del contribuyente que las ha obtenido, pues ellas no han sido logradas “respecto del precio neto” de la compra, de la locación o de la prestación, sino que obedecen a otra razón, ulterior y ajena a ese “precio neto”, como es el “crédito verificado” a aquellos proveedores que debieron presentarse en el proceso judicial para requerir el pago de los importes adeudados (arts. 32 y concordante s de la ley 24.522).

8°) Que ante la claridad de las aludidas normas, no es argumento válido para apartarse de la conclusión expuesta sostener que excluir del IVA a las quitas concursales afectaría la neutralidad del tributo. En efecto, como adecuadamente lo se- ñala la señora Procuradora Fiscal, la extensión analógica de la definición taxativa de la base imponible prevista por la ley -aun cuando se la efectúe invocando la pretendida neutralidad del impuesto- es inadmisible pues se encuentra en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo, según el cual ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, de conformidad con los artículos 4, 17, 52 Y 75 de la Constitución Nacional (Fallos: 248:482; 303:245; 305:134; 312:912; 318:1154, entre muchos otros).

 

V.- Responsabilidad Solidaria:

*Bozzano, Raúl José (TF 33056-I) c/DGI – 11/02/2014

Hechos:  La Cámara, al confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, declaró la nulidad de la resolución mediante la cual la AFIP determinó de oficio, con carácter parcial, la obligación impositiva del responsable solidario del contribuyente, en los términos del art. 8°, inc. a, de la ley 11.683, por deudas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado. Para decidir así sostuvo que la obligación tributaria del deudor principal no se encontraba firme. El organismo recaudador interpuso recurso ordinario de apelación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la decisión apelada.

Sumarios: El art. 8°, inc. a, párrafo primero, de la ley 11.683 no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal para exigir el cumplimiento al deudor solidario, sino únicamente que se haya cursado al primero la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida.

“…Autos y vistos…considerando: 7°) Que a la luz de tales principios, se observa que la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.

8°) Que, en síntesis, no corresponde que al interpretar el citado art. 8°, inc. a, se incorpore un recaudo -la firmeza del acto que determina el impuesto del deudor principal- no contemplado en esa norma, máxime si se considera que en el ordenamiento de la ley 11.683 -en el que aquella disposición está incluida- se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica –además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman- que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho…”

*Lavezzari José Luis TF21491 – I c. DGI CSJN del 08/04/2014

Hechos:

La División Revisión y Recursos de una Dirección Regional de la AFIP determinó de oficio la responsabilidad solidaria de un contador, en los términos del art. 8, inc. e, de la ley 11.683, respecto de la deuda oportunamente determinada a un contribuyente en el IVA. El Tribunal Fiscal de la Nación revocó esa resolución al entender que no se había sancionado al presunto infractor en sede penal. La Cámara, y en la instancia extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmaron el pronunciamiento.

Sumarios:

1. La sentencia que revocó la resolución de AFIP que estableció la responsabilidad solidaria de un contador en el IVA debido por el contribuyente debe ser confirmada, pues, al no haber sido juzgada la conducta infraccional del deudor principal, por estar pendiente la causa penal, no se verificó el presupuesto exigible para que pueda atribuírsele válidamente responsabilidad, en los términos del art. 8°, inc. e, de la ley 11.683, esto es la existencia de una resolución sancionatoria de la conducta del responsable por deuda propia, y haya tenido por configurada una “evasión del tributo”.

2. El art. 8 de la ley 11.683 establece la responsabilidad solidaria “con los deudores del tributo” de terceros que, aún cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del gravamen, y, para fundar esa responsabilidad, además de haber determinado el impuesto al deudor principal, el organismo recaudador debe demostrar que respecto de éste tuvo lugar una “evasión del tributo” y que el tercero, por su culpa o dolo, la facilitó, resultando insoslayable la existencia de una resolución sancionatoria que haya juzgado la conducta del responsable por deuda propia, y haya tenido por configurada una “evasión del tributo”.

 

*AFIP C/ ZUNINO IRIS, CNACAF, SALA V, 12/2014:

Hechos:

El Fisco Nacional solicitó, en los términos del art. 111 de la ley 11.683, que se decretara la inhibición general de bienes del presidente de una empresa, en su carácter de responsable solidario, por la suma presuntamente adeudada por aquella. El juez de primera instancia la rechazó. Para así decidir, sostuvo que no se configuraba la verosimilitud en el derecho debido a que la repartición fiscal no había indicado en cuál de los supuestos de responsabilidad solidaria  encuadraba ni había acreditado que se hubiera cumplido el procedimiento establecido en el art. 17 de la Ley de Procedimiento Tributario. La Cámara lo confirmó.

Sumarios:

1. La inhibición general de bienes solicitada por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra el presidente de una empresa, en su carácter de responsable solidario, a fin de asegurar, eventualmente, el pago de sus deudas fiscales, resulta improcedente, pues no se demostró que aquel hubiese ejercido ese cargo al momento del vencimiento de las obligaciones tributarias en cuestión, que el deudor principal no hubiese cumplido con la intimación al pago de los tributos adeudados, ni que hubiese iniciado el procedimiento de determinación de oficio, máxime cuando no se realizaron diligencias previas tendientes a individualizar bienes susceptibles de embargo por la cantidad adeudada.

Jurisprudencia Relacionada

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo-Federal, sala IV, “AFIP-DGI c. Berendorf, Andres Marcelo s/ medida cautelar AFIP”, 20/11/2014, AR/JUR/57030/2014

 

 

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