“RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO”

¿CÓMO EVITAR UN SUMARIO PENAL CAMBIARIO FRENTE AL NUEVO ESCENARIO?

Aprovechando la presencia de un alto funcionario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se realizará esta Jornada con el objeto de analizar: fallos relevantes en materia Penal Cambiaria dictados por jueces mendocinos; puntos que se deben tener en cuenta al momento de defenderse de un sumario administrativo, tanto del BCRA como de un sumario proveniente de la Dirección General de Aduanas. Nuevos plazos para ingresar y liquidar divisas. Bloqueo de reintegros ante una contingencia cambiaria. El rol de los exportadores frente a este nuevo escenario.

Apertura a cargo del Lic. Juan José Canay  – Presidente de Bodegas de Argentina AC

Expositores:

•  - Dr.   Julio Cesar Bustamante Loader – Funcionario del BCRA                                                                           
• -    Dr. Francisco J. Menéndez                   
• -    Dr. Andrés Pérez Díaz  

• Coordinador:  -  MBA Gilberto León Santamaría  
• Fecha:            Viernes 18 de Mayo 2012
• Horario:              15  a  20  hs.
• Lugar:                 Sala Centauro -  Sede Central
• Arancel:              $ 40 (Contadores, Administradores, Economistas                                                                                                 Matriculados)
•                              $ 80 Público en gral.

       Cupo Limitado – Inscripciones CPCE – Av. España 560- Cdad-Mza

• Temario:

• Análisis de las figuras más relevantes de la Ley 19.359 (Ley Penal Cambiaria); Actualidad de los sumarios ante BCRA. Sumarios relativos a cobros de exportaciones. Fallos jurisprudenciales a tener en cuenta. Relación BCRA / AFIP-DGA.

Abogado Francisco Menéndez (Titular de FJMenéndez Abogados – Buenos Aires)

• ¿Cómo evitar y defender un sumario penal cambiario? Algunos supuestos: Permisos de embarque en gestión de cobros COM “A” 5019; Mermas faltantes y/o deficiencias COM “A” 5233; Mercaderías siniestradas COM “A” 5233; Descuentos y gastos COM “A” 5233; Compensación; Prescripción y aplicación de principio de ley penal más benigna. PYMES. Mercadería previamente importada.

Abogado Andrés PÉREZ DÍAZ

• Reintegros a la exportación; Instrucción General AFIP-DGA 2/2012 y 7/2012 – Bloqueo Informático; Soluciones frente al bloqueo informático; Sumarios aduaneros por falta de ingreso de divisas o ingreso tardío de divisas. Sugerencias frente al sumario aduanero. Res. ME 142/02 nuevos plazos para el ingreso al sistema financiero local de las divisas producto de exportaciones. COM “A” 5300.

 Perfil de los disertantes

 BUSTAMANTE LOADER , Julio César

Abogado (Universidad de Belgrano). Actualmente a cargo de la Gerencia Administrativa Judicial del Banco Central de la República Argentina. Especialista en banca y derecho bancario – Universidad del Salvador. Miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina. Funcionario del Banco Central de la República Argentina desde el año 1994. Ex Gerente de Asuntos Contenciosos (2005 – 2009). Expositor en numerosas charlas en el país sobre el Régimen Penal Cambiario y la actividad sumarial del BCRA. Ha participado como expositor en el exterior sobre resolución de crisis financieras.

• MENÉNDEZ, Francisco Javier

Abogado (Universidad de Buenos Aires). Actualmente es socio de FJ Menéndez Abogados. Es miembro activo en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, y coordina la Comisión de Tributación Aduanera de esa entidad.  Secretario en el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros e integrante del Consejo Consultivo Aduanero que sesiona en el ámbito de la Dirección General de Aduanas. Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde específicamente integra la Comisión de Tributación Aduanera, desempeñándose también en la Comisión de Derecho Tributario y Aduanero del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro  del Consejo Consultivo Honorario de Negocios Internacionales de la Cámara de Sociedades Anónimas.

• PÉREZ DÍAZ, Andrés  

Abogado (Universidad Nacional de Cuyo). Actualmente Director del Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Estudio Gilberto Santamaría & Asoc. Miembro del Colegio de Abogados y Procuradores del Colegio de Abogados de Mendoza, desempeñándose como secretario de la Comisión de Derecho Tributario. Miembro del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. Coordinador académico del Major en Comercio Exterior y Legislación Aduanera ADEN. Pro-secretario de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza año 2010-2011 y 2012. Miembro del Consejo de Administración de Junior Achievement 2012. Expositor del Ciclo de actualización tributaria, aduanera y régimen de seguridad social que se dicta actualmente en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.

]]> http://www.estudiosantamaria.com/?feed=rss2&p=1345 0 http://www.estudiosantamaria.com/?p=1328 http://www.estudiosantamaria.com/?p=1328#comments Fri, 11 May 2012 23:10:00 +0000 admin http://www.estudiosantamaria.com/?p=1328 El 10 de mayo se realizó en las instalaciones de nuestro estudio, una disertación en idioma inglés para debatir sobre “Reglamentación de Ley que restringe venta de tierras rurales a extranjeros,”. La exposición del tema estuvo a cargo de Sebastián Muñoz Linares y Victoria Arredondo Cívico,  bajo la dirección del MBA Gilberto León Santamaría

Se generó un interesante debate sobre la cual los integrantes pudieron obtener posibles soluciones muy valiosas para sus respectivos problemas de restricciones al momento de comprar tierras argentinas

Estuvieron presentes integrantes del Grupo Ex pats en representación su vicepresidente el Sr. Carlos Troconis, agradeciendo la colaboración de Duffy Crane presidente del grupo y  a su equipo de trabajo.

En el pie se encuentra el material en PDF.

Rural Property sale to foreigners I- Victoria Arredondo Civico

Rural Property sale to foreigners II- Victoria Arredondo Civico

Rural Property sale to foreigners-Sebastian Muñoz Linares

La presente figura tiene la particularidad de permitirnos plasmar en documentos independientes,  por un lado la oferta de donación, donde el donante pone a disposición del donatario un bien determinado, y por otra parte la aceptación posterior por parte de este último en distinto momento, desdoblando de esa forma el acto traslativo de dominio.-

Esta especial característica le aporta gran utilidad a esta figura, otorgándole facilidades de índole práctica, al permitir que quede plasmada en escritura la voluntad del donante en un determinado momento, sin necesidad de esperar, por ejemplo, el levantamiento de medidas cautelares que imposibiliten momentáneamente la transferencia del bien (levantamiento de embargos, inhibiciones o hipotecas, etc.), o el cumplimiento de los recaudos registrales y administrativos que correspondan, los cuales van a ser exigidos sólo  al momento de hacer la aceptación, donde deben cumplirse todos los requisitos propios de cualquier transferencia de bienes inmuebles. Esta utilidad de la que hablamos se pone de manifiesto fundamentalmente en casos de urgencia, donde por diversos motivos no es conveniente esperar a tener todo resuelto para hacer la transferencia.-

Es importante resaltar también que nuestro código civil, en su artículo 1.795, contempla la posibilidad de que la aceptación por parte del donatario pueda llevarse a cabo aún después de fallecido el oferente;  siempre y cuando éste no la haya revocado, facultad que  le otorga el código en el artículo 1.793. -

Con las características expuestas esta figura permite, tanto al donante como al donatario, resolver las cuestiones que tengan pendientes  sin modificar la voluntad del oferente, y sin necesitar otro acto declarativo por parte del mismo, incluso después de su fallecimiento.-

Oferta de Donación- Aceptación

El desarrollo del temario estará a cargo del MBA Gilberto L. Santamaría y el Dr. Andres Perez Diaz junto con el staff de KPMG constituído por el Cdor. Lucio Giaimo y la Dra. Analia Saitta.

                                     “CICLO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA”

Día: Miércoles 25 de Abril

Hora: 16.30 a 20.30

Lugar: Sala Centauro- CPCE

Disertantantes:

- Lucio Giaimo
- Gilberto León Santamaría (coordinador)
- Analía Saitta
- Andrés Pérez Díaz

Temario:

Lucio Giaimo – Analía Saitta

a)   Régimen informativo de conceptos no remunerativos (RG –AFIP- 3279).

b) Ley 26.476: reducción contribuciones patronales por nuevas contrataciones. Oportunidades para su aplicación respecto de contrataciones    pasadas y futuras. Posibilidad de recuperar saldos a favor a la luz del nuevo procedimiento establecido por la Res. Gral. (AFIP)3093.

c)       Fiscalizaciones de aportes y contribuciones. Determinaciones de oficio:

                        i.      Base Cierta

ii.      Base Presunta: Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT)

d)   Indemnizaciones por despido. Su tratamiento en el impuesto a las ganancias y frente a los recursos de la seguridad social a la luz de jurisprudencia reciente.

 Gilberto León Santamaría

-      Facturas Apócrifas y el agravente del art. 2 inc d) de la Ley Penal Tributaria.

Fallo CSJN Bildown:  El 27 de diciembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó su fallo compartiendo el dictamen de la Procuradora Fiscal, resolviendo que no existe precepto alguno que subordine el derecho a la restitución de los créditos fiscales de IVA, por operaciones de exportación, al cumplimiento de las obligaciones sustantivas por parte de los terceros con los que operó el exportador.

 Andrés Pérez Díaz

-          Permisos de embarque en Gestión de Cobro

-    Com “A” 5019 (BCRA) – Control de cambios en el país importador / Insolvencia posterior de importador extranjero / Deudor moroso

-          Com “A” 5233 (BCRA) – Mermas, faltantes y/o deficiencias / Mercaderías siniestradas / Descuentos y gastos relacionados

La cita será en el Salón Agrelo del Hotel Sheraton de Mendoza a partir de las 8.30hs

Ingresá al link para más info Temario KPMG

LA AFIP IMPONE UNA NUEVA OBLIGACIÓN DE INFORMAR PARA

LOS FIDUCIARIOS Y PROFUNDIZA LOS CONTROLES

Autor: Federico Castellino Gago[1]

A través de la Resolución General 3.312, se dieron a conocer las nuevas pautas a respetar, a partir de julio próximo, que recaen sobre los administradores de los fideicomisos constituidos en el país o en el exterior.

Es así, como la AFIP continúa asfixiando con su cerco anti-evasión, a las empresas y particulares que recurren a los fideicomisos como instrumentos de financiamiento e inversión.

El principal cambio, es la nueva obligación de informar, por la cual los Fiduciarios disponen de 10 días hábiles administrativos para comunicar cualquier cambio que se produzca en el Fideicomiso, contados a partir de la fecha de formalización de la operación, reformulando el régimen de información anual preexistente.

Consideramos que dicha medida persigue tres objetivos claros:

1. 1.    Conocer y disponer de información, casi en tiempo real.
2. 2.    Potenciar de esta manera el cruce de datos entre las DDJJ anuales del Impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales.
3. 3.    Seguir fortaleciendo la idea de que en los fideicomisos inmobiliarios, la adjudicación de las propiedades, se realice al valor mercado y no al costo.

AFIP impone nueva obligación para fiduciarios

Resolución General AFIP 3.312

Interpretaciones aduaneras de dudosa inconstitucionalidad: un caso bajo análisis.

                        Según lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 30, son Ley Suprema de la Nación: “la Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales”. Este orden jerárquico normativo se integra con lo dispuesto por la misma Constitución en el artículo 75 inc. 22 que otorga jerarquía constitucional a aquellos Tratados de Derechos Humanos especialmente enumerados en dicho inciso, y supralegal al resto de los tratados celebrados con potencias extranjeras.

A su vez, si estudiamos la graduación de las normas jurídicas, no podemos dejar de mencionar a Hans Kelsen, quien ya a mediados del siglo XX nos enseñaba su famosa teoría sobre la pirámide normativa. La misma concibe a todo el ordenamiento como un SISTEMA en donde la validez de todas las normas jurídicas emana y depende de otra norma superior a la que el resto debe su eficacia. El ordenamiento sería escalonado, graficado a través de una pirámide, cuya cúspide la ocupa la Constitución, como norma suprema a la cual deben su adecuación FORMAL Y MATERIAL el resto de las normas.

¿Y LAS RESOLUCIONES GENERALES DE LA AFIP QUÉ LUGAR OCUPAN EN LA PIRÁMIDE DE KELSEN? Las resoluciones de organismos administrativos y de los entes autárquicos se encuentran en uno de los últimos escalones dentro de la pirámide, lo cual implica que tanto en el DICTADO, como en la APLICACIÓN de dichas resoluciones, SIEMPRE deben ser confeccionadas e interpretadas conforme al texto constitucional.

LA RESOLUCIÓN GENERAL N°1568/1992 Y SU INTERPRETACIÓN

Establece en la parte que nos ocupa lo siguiente: “La importación de los automotores usados está sujeta al pago de los tributos que la gravan y se autorizará únicamente en los siguientes casos: a) Automotores de propiedad de ciudadanos argentinos con una residencia en el exterior no menor a un (1) año que retornen para residir definitivamente en el país.”

Y más adelante establece otro requisito “temporal”: “La propiedad, posesión, tenencia o uso de los automotores, motociclos y velocípedos no puede ser objeto de transferencia por un lapso de un (1) año a contar de la fecha de su libramiento.”

Entonces, según la mentada disposición, el ingreso al país de un automotor usado por un ciudadano argentino que ha residido en el exterior por más de un año, supone, además de cumplir con las obligaciones tributarias que lo gravan, la RESIDENCIA DEFINITIVA en la Argentina, de aquel que lo ingresó.

Y es con relación a esta última expresión, que se plantea un interrogante: Al momento de aplicar esta resolución, ¿qué interpreta la dirección general de aduanas por “residencia definitiva en el país”?

Para nuestras autoridades aduaneras, este ciudadano argentino NO DEBE TENER ASENTADA NINGUNA SALIDA AL EXTERIOR EN LOS REGISTROS MIGRATORIOS, durante el término que ellos mismos consideren prudencial; sin importar si las mismas se encuentran justificadas o no. Incluso al adoptar un plazo temporal para aplicar la prohibición de salir del país, hacen uso del término de UN AÑO, previsto en la resolución a los únicos efectos de impedir la transferencia del bien hasta el transcurso del mismo, según se encuentra transcripto supra.

En la práctica opera simplemente de la siguiente manera: si como consecuencia de una inspección realizada en el domicilio del titular del vehículo, que lo ha ingresado cumpliendo íntegramente las disposiciones tributarias, el mismo no se encuentra en ese preciso momento en el país, esta circunstancia implica para la aduana la imputación automática de la infracción prevista en el art. 965 inc. a del Código Aduanero, y el consecuente secuestro del vehículo, para, en su caso, cobrarse la multa a través del COMISO del bien[1].

INADECUACIÓN AL TEXTO CONSTITUCIONAL

Consideramos a esta interpretación sumamente arbitraria, e inadecuada al texto constitucional, el cual dispone en su artículo 14 que “todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino.” Por ende NUNCA una disposición de rango tan inferior a la Constitución Nacional podría disponer algo tan absurdamente contrapuesto a lo previsto en la Ley Fundamental.

Sabemos que el derecho constitucional a la libre circulación no es ABSOLUTO, sino, y según dispone el mismo artículo citado, limitado por las leyes que reglamentan su ejercicio.

No obstante, este poder de policía o de reglamentación del Estado también reconoce sus límites, como lo son la LEGALIDAD (reglamentación por Ley Formal del Congreso de los derechos constitucionales, salvo escasísimas excepciones admitidas por la vía pretoriana), y a su vez y fundamentalmente la RAZONABILIDAD prevista en el artículo 28 que establece que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

Sostenemos firmemente, que de manera muy clara, con esta interpretación según la cual en virtud de la introducción en el territorio nacional de un vehículo, se genera consecuencialmente la obligación de permanecer en él, SIN PODER SALIR DEL MISMO (sea cual fuere el plazo exigido por DGA); se está desnaturalizando, alterando y suprimiendo un derecho constitucional, en abierta violación a la normativa citada.

Estamos entonces en presencia de UNO de TANTOS casos de arbitrariedad en el proceder de nuestra Administración Pública. Creemos que es imprescindible intentar combatirla, habrá que buscar en la normativa procesal posibles vías impugnatorias de las decisiones de los organismos fiscales en cada caso concreto, para lograr de esa forma el restablecimiento del imperio constitucional. Recordando siempre que en nuestro ordenamiento el control de constitucionalidad es DIFUSO, lo cual supone el reconocimiento de la  facultad de los jueces comunes para declarar la  inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta también que el efecto de tal declaración  se  reduce a la no aplicación de la resolución impugnada al caso de que se  trata, y no significa la derogación de la  norma afectada por ella.

En la Reunión Nº 317 del Consejo Consultivo Aduanero del 19/4/12, la Directora General de Aduanas informó que a partir del 1º de Mayo de 2012 el Sistema Informático Maria (SIM) exigirá al momento del registro del Despacho de Importación la declaración del “Identificador Tributario del Proveedor Extranjero” de la mercadería amparada por tal destinación. Aún no ha sido dictada la Resolución General de la AFIP sobre este tema, sin embargo les recomendamos solicitar a sus proveedores del exterior incluir dicho dato en la factura correspondiente para poder declararlo al momento de la oficialización del despacho de importación. Ver el power point presentado en la mencionada reunión del Consejo Consultivo Aduanero en el siguiente link.

Fuente: tarifar

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

                                 (UIF)

La  Ley Nº 25.246 de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea la UIF -Unidad de Información Financiera- atribuyéndole las funciones de   análisis, el tratamiento y la transmisión de información  para prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.  Con fecha el 13 de junio de 2007  se sanciona la Ley Nº 26.268 sobre ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO y es promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año la cual le extiende el mandato dela UIF al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

COMO NACE LA RESPONSABILIAD DEL PROFESIONAL EN  CIENCIAS ECONOMICAS A PARTIR DE LA CREACION DE LA UIF?

• Originariamente sus responsabilidades fueron enumeradas enla Res.25 UIF la cual fue derogada por medio dela Resolución64 UIF.
• A su vez se emitela Resolución Nº65 se determinan las obligaciones actuales de los profesionales en Ciencias Económicas.

Art 2 Res 65/2011 configura al sujeto obligado como los profesionales en Ciencias Económicas que realicen Auditorías de Estados Contables o Sindicaturas Societarias, si dichas actividades se brindan a las entidades enumeradas en el Art. 20 dela Ley25.246 y cuando sean Auditores   o Síndicos según los estados contables auditados que:

     1. Posean un activo MAYOR A $6.000.000

           2. O hayan duplicado su activo o ventas en un año, de acuerdo a la información proveniente de los estados contables.

QUIENES SON LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UIF?

Son los enumerados  en el Art. 20 DE LA LEY 25.246:

• 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones;
• 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional;
• 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar;
• 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos;
• 5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su objeto;
• 6. Los Registros Públicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas, los Registros dela Propiedad Inmueble, los Registros Automotor y los Registros Prendarios;
• 7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas;
• 8. Las empresas aseguradoras;
• 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra;
• 10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales;
• 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete;
• 12. Los Escribanos Públicos;
• 13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º dela Ley22.315;
• 14. Las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros

    establecidos por el artículo 23 inciso t) del Código Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias).

• 15. Los organismos dela Administración Públicay entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central dela República Argentina,la Administración Federalde Ingresos Públicos,la Superintendenciade Seguros dela Nación,la Comisión Nacionalde Valores yla Inspección Generalde Justicia;
• 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;
• 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio
• 18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros;
• 19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados;
• 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337respectivamente;
• 21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
• 22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.
• 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.

En siguientes publicaciones especificaremos cada uno de los sujetos obligados con sus reglamentaciones.

  Unidad de Información Financiera